Por: Leidy Tatiana Bahamón Pérez y Andrés Camilo Cubillos Benavides
“Dado que en Colombia los crímenes se olvidan con impresionante rapidez, quizás como mecanismo psíquico de supervivencia en inmensos mares de sangre y de terror, hemos considerado que en los momentos de grandes decisiones que afectan valores humanos esenciales frente al futuro, los rostros de las víctimas deben afirmarse con energía en el contexto de sus situaciones, luchas, sufrimientos y sueños, no sea que un olvido compulsivo obligue a construir futuros sin memoria, donde se pretenda fundar una nueva responsabilidad frente al porvenir sobre la base de una irresponsabilidad frente al pasado”
(Noche y Niebla, 2004)
Las violaciones a los Derechos Humanos por la Fuerza Pública en Colombia son alarmantes. El uso de la fuerza represiva en las manifestaciones sociales se ha vuelto una escena recurrente, junto con la utilización de armas letales en contra de la población civil, que marcha y protesta en su mayoría pacíficamente. En la madrugada del 9 de septiembre de 2020, Día Nacional de los Derechos Humanos, paradójicamente, en el barrio Villa Luz de Bogotá, y por medio de la difusión de videos en redes sociales, se evidenció cómo miembros de la Policía Nacional torturaron con descargas eléctricas y asesinaron a Javier Ordoñez, razón por la cual miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra la violencia policial. Este día y los dos subsiguientes se vivieron momentos de miedo y dolor.
Los hechos ocurridos durante los días 9, 10 y 11 de septiembre en Bogotá y en el municipio de Soacha, constituyeron un deplorable hito respecto de la barbarie de la acción policial. Durante estos días se denunciaron hechos de tortura, violencia sexual, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, lesiones físicas, entre otras victimizaciones. A pesar de la gravedad de los hechos, fueron pocos los informes que se presentaron, en especial por parte de la institucionalidad, registrando los hechos ocurridos o dando cuenta de sus responsables.
Razón por la que, desde las Plataformas de Derechos Humanos: Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y con la gran preocupación de registrar y denunciar lo ocurrido, se creó una Comisión Ciudadana Nacional e Internacional para elaborar un informe independiente que permitiera evidenciar los hechos desde las voces de las víctimas, a partir de testimonios de quienes no han sido escuchados por la institucionalidad.
El presente artículo expone la metodología y el contenido del informe “En Colombia nos volvimos cifras”, el cual fue elaborado por dicha Comisión Ciudadana, sobre los hechos sucedidos los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020, con la finalidad de denunciar las violaciones a los Derechos Humanos, así como analizar algunos factores y escenarios previos de vulnerabilidad en localidades de Bogotá. Este documento pretende resaltar tres aspectos importantes del informe: (a) aspectos históricos y contextuales, (b) crónicas de la violación de los derechos humanos y (c) estrategias de resistencia y contra el olvido. Además, este texto también constituye una invitación a leer el informe completo y el mapa interactivo con la recopilación geográfica y visual de los hechos.
Esta Comisión estuvo conformada por Sara Tufano, socióloga y columnista; Amy Ritterbusch, profesora asistente de la University of California Los Angeles (UCLA), Wolfgang Kaleck, secretario general del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Alejandro Angulo S.J del Cinep/PPP.
La metodología consistió en realizar una investigación de las fuentes periodísticas y del material audiovisual disponible en todas las redes sociales, basándose en una análisis riguroso y cualitativo de veinte entrevistas a familiares de víctimas, abogados y abogadas de Derechos Humanos, personas con liderazgos juveniles, y una persona que ejercía un cargo político en el momento de los hechos. Estas entrevistas permitieron reconstruir los hechos y los indicios del abuso policial ejercido. Por lo que, este informe no es una investigación de carácter judicial, sino un primer insumo de exigencia de la responsabilidad estatal y de garantías de no repetición.
ASPECTOS HISTÓRICOS Y CONTEXTUALES
Para lograr establecer las condiciones coyunturales y el contexto previo de la represión policial, y en general de la Fuerza Pública, fue necesario recordar algunos episodios en la historia colombiana:
Un antecedente de represión violenta y estigmatización de la protesta, que marcó la historia del país, fue la Masacre de las Bananeras en la cual fueron asesinados más de mil trabajadores que se manifestaban contra la empresa multinacional United Fruit Company, y en la cual se habría probado la participación de agentes de la policía y del Ejército. Días después fue promulgado un decreto alertando sobre una “cuadrilla de malhechores”, en referencia a los huelguistas.
La impunidad ha sido histórica. El General Cortés Vargas, quien lideró la masacre, fue posteriormente nombrado como director de la Policía el 18 de abril de 1929. El gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla en 1953, trasladó esta institución del Ministerio de Gobierno al de Guerra. De esta manera, a partir del Decreto 1814 de 1953, la Policía Nacional sufrió un proceso de militarización que fue acompañado asimismo de mecanismos de impunidad, como su sujeción al régimen de justicia penal militar.
(Comisión Ciudadana Nacional e Internacional, 2022, pág. 10)
Históricamente, a las movilizaciones se les ha dado tratamiento de guerra. La criminalización y estigmatización de quienes participan en las marchas, protestas u otro tipo de manifestaciones hace parte de la tendencia represiva, y pone en duda la participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas, además, de consolidar acciones de tratamiento subversivo a los movimientos sociales o preceptos de la doctrina de Seguridad Nacional, basada en la idea del enemigo interno como política de odio (Rincón Oñate, 2019) contra una realidad social, promovida durante el conflicto armado, lo cual explica uno de los tantos ángulos del temor frente a la movilización social y dificulta el reconocimiento de su papel en el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, siendo considerada como un factor de desestabilización.
En el informe se resalta la relación que ha tenido, en las últimas décadas, el paramilitarismo con las instituciones estatales, que deriva en el control territorial armado en las localidades de Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Usaquén y Engativá, como lo muestran las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo desde el 2018:
El escenario de riesgo que se configura por la presencia de integrantes de grupos armados
ilegales post desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), “Los Rastrojos – Comandos Urbanos” y “Águilas Negras – Bloque Capital”, como también la estructura armada ilegal localmente conocida como ‘Los Paisas’(…)
El control de la localidad va orientado a regular el “ejercicio ciudadano de los pobladores” mediante el miedo y la desestabilización, aunado a las razones de vulnerabilidad como la pobreza y pobreza extrema, abandono estatal y las brechas institucionales en la prestación de servicios sociales, condiciones que propician la instrumentalización de menores en la participación de economías ilegales, la intensificación de los homicidios contra jóvenes y las amenazas de exterminiosocial. (Alerta Temprana Defensoría del Pueblo 030, 2018).
El escenario de riesgo se configura por el control ejercido por parte de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, las cuales instrumentalizan y cooptan estructuras delincuenciales locales para la realización de actividades como: sicariato, venta de estupefacientes, imposición de tributos ilegales, amenazas, extorsiones, cobros por el espacio público y demás ejercicios de control. (Alerta Temprana Defensoría del Pueblo 023, 2019).
Lo anterior constituye elementos que perpetúan la impunidad y la injusticia social.
CRÓNICAS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
No solo en las manifestaciones de septiembre de 2020, sino también en las de 2019 y 2021, fue fundamental el papel de las redes sociales, para visibilizar las violaciones de los derechos humanos, el abuso policial evidenciado a través de videos, transmisiones en vivo, fotografías, y lentes de medios de comunicación alternativos. Esto permitió consolidar las pruebas y testimonios irrefutables de la violencia de la Fuerza Pública y la cronología de la agresión.
En el informe se logró establecer con algunas personas entrevistadas: “la corrupción interna, las relaciones con el narcotráfico y las extorsiones, como causas de la desconfianza ciudadana, lo que ha promovido el aumento en las protestas sociales, y también las expresiones de destrucción y quema de los Centros de Atención Inmediata CAI” (Comisión ciudadana Nacional e Internacional, 2022, pág. 11). Estos lugares fueron símbolos del descontento y de la resistencia frente al abuso policial.
En este informe se analizan los testimonios de víctimas, sus familiares, personas defensoras de derechos humanos, con el objetivo de visibilizar su percepción sobre la violencia policial y contribuir a investigaciones posteriores sobre los hechos. Las violaciones de los derechos humanos fueron actuaciones que mostraron a los y las manifestantes como vándalos o merecedores de la violencia ejercida en su contra (Comisión Ciudadana Nacional e Internacional, 2022, pág. 33). A continuación, se mostrará de manera cronológica y por localidades lo ocurrido en Bogotá y Soacha:
Localidad de Suba – 9 de septiembre de 2020
CAI La Gaitana: Según la comunidad, hacia las 6:46 de la tarde, se escucharon los primeros disparos; dichos testigos afirmaron que provenían del CAI. A las 6:51, Julieth Ramirez Mesa de 18 años, cae al piso producto de una herida por arma de fuego que impactó directamente su corazón, causándole la muerte de manera inmediata.
CAI Aures: Hacia a las 9:30, Angie Paola Baquero fue alcanzada por una bala a 400 metros del CAI. Ella murió minutos más tarde en el Hospital de Engativá.
CAI Rincón de Suba: En la carrera 93 con calle 128 C, Germán Puentes de 25 años iba pasando en su bicicleta para regresar a su vivienda, cuando fue alcanzado por una bala. Murió en el Hospital de Suba.
Barrio Aures: Freddy Mahecha y un amigo, estaban acompañando a un compañero que quería recoger una chaqueta en su casa. Para llegar al barrio Aures, estaban pasando por la calle 132D #104. Vieron el camión de la policía pasar y salieron a correr cuando la policía comenzó a disparar. Freddy Alexander Mahecha Vásquez fue alcanzado por una bala. Lo llevaron al Hospital de Suba donde llegó sin signos vitales.
Localidad de Usaquén – 9 de septiembre de 2020
Barrio Verbenal: Cerca de las 7 de la noche, se registraron las primeras confrontaciones entre la Policía y los manifestantes. Media hora más tarde, llega el refuerzo policial. La comunidad registró esa noche 94 disparos de arma de fuego.
Aproximadamente a las 9:30 pm se escuchó una ráfaga de disparos y murieron Jaider Fonseca de 17 años y Andrés Rodríguez de 23. A ese mismo lugar, la policía empezó a llegar en moto, porque algunos manifestantes intentaron quemar el CAI, el cual permanecía desocupado y a dos cuadras de distancia. Desde las motos empezaron a disparar, y alguno de los proyectiles impactó a las 9:42 pm, la cabeza de Cristian Camilo Hernandez, momento capturado en video por los teléfonos celulares de los manifestantes.
Localidad de Kennedy – 9 de septiembre de 2020
CAI Timiza: Frente a este CAI se reportó la muerte violenta de Julián González, un joven que según testigos y su familia, estaba protestando pacíficamente y fue impactado por una bala,
herida que le causó la muerte. Según los testimonios y material audiovisual grabado por la
comunidad, presuntamente habría sido un disparo de un agente de policía vestido de civil.
Otras localidades – 9 de septiembre de 2020
En la localidad de Puente Aranda, los testigos de esa noche afirman que vieron a un hombre encapuchado y armado, alrededor del CAI Galán, quien aparentemente estaba protegido por la Policía. Este hombre habría disparado contra los manifestantes, en compañía de un policía, quien también disparó hacia la multitud. Esta conducta coordinada entre policías y personas vestidas de civil armadas, se repitió en la localidad de San Cristóbal. Material audiovisual grabado en el lugar de los hechos, muestra hombres armados vestidos de civil, protegidos por la Policía, disparando hacia manifestantes. La Veeduría pidió que se investigue el accionar de grupos parapoliciales en Bogotá.
Municipio de Soacha – 9 de septiembre de 2020
En el municipio se registraron manifestaciones, violencia policial desmedida y denuncias en contra de grupos parapoliciales que dispararon a los manifestantes con la aquiescencia de la Policía.
Según testimonios, en la estación de Policía de Ciudad Verde, aproximadamente a la 9:15 p.m., dos agentes de policía subieron a la terraza de la estación y empezaron a disparar en dirección a los manifestantes. Hechos en los que murieron Christian Hurtado y Anthony Estrada. Christian era reconocido en su barrio por ser un líder social, deportista y activista de causas sociales, especialmente del relleno sanitario Doña Juana.
Además, esa misma noche habrían fallecido por impactos de bala, Lorwan Mendoza, Eidier Arias y una persona no identificada, al igual que María del Carmen Viuvche, quien fue atropellada por un bus hurtado.
Las entrevistas realizadas, son recurrentes al evidenciar que los CAI fueron utilizados como centros de tortura. Además, coinciden en afirmar la conexión entre los hechos de violencia contra las estaciones de Policía y los antecedentes de violaciones de los derechos humanos en las distintas localidades.
La cosa era de un nivel donde claramente el abuso arbitrario de la policía, fue dicen ellos en defensa, pero en realidad fue un acto criminal sistemático porque tratan a los jóvenes y conciben a los jóvenes como delincuentes.
(Comisión Ciudadana Nacional e Internacional, 2022, pág. 26)
ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA Y CONTRA EL OLVIDO
Aunque el informe tiene como objetivo principal demostrar la barbarie del actuar y pensar de la Policía Nacional, también pretende visibilizar las acciones que las víctimas, familiares, amigos y amigas, conocidos y conocidas han consolidado para no olvidar y proteger la memoria en la búsqueda de la verdad. La preocupación de los colectivos y movimientos de derechos humanos creados a partir de estos hechos es la impunidad y la posibilidad latente de repetición, en un escenario donde la justicia no actúa con celeridad, imparcialidad ni diligencia. Asimismo, las víctimas denuncian que están siendo perseguidas, y son objeto de señalamientos y hostigamientos constantes, como un ejercicio de coerción para evitar la visibilización y denuncia de los hechos.
A partir de la articulación entre víctimas y familiares, se ha conformado el Colectivo 9S o Colectivo Rosa Negra, el cual está integrado por familiares de ocho jóvenes asesinados en el CAI de San Mateo1Hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2020..
Entonces nos pusimos a la tarea de buscar a las familias, las 13 familias, de contactarlas, de que nos pudiéramos unir, apoyarnos (…) gracias a la vida nos pudimos unir y pues estamos la mayoría, hay tres familias que sí no quisieron, pero de resto todas, incluyendo las de Soacha (…) La idea es no dejar que se olvide, porque en Colombia nos volvimos cifras, a la gente se le olvidó quién era Jaider, quién era Julián, y así con todas las otras víctimas que mueren en este país. Nadie recuerda que esas personas tenían sueños, tenían nombres, tenían un mundo de cosas y no podemos permitir que nos volvamos solo cifras.
(Comisión Ciudadana Nacional e Internacional, 2022, pág. 31)
La comunidad del barrio Verbenal nombró el parque donde fueron asesinados Jaider, Christian y Andrés Felipe como “El Parque de la Resistencia”. Estas iniciativas y otras tantas han sido espacios de protección de la memoria histórica y de exigencia de garantías de no repetición. Además, todas ellas constituyen un antecedente importante de las acciones de redignificación de las víctimas en los escenarios del estallido social del Paro Nacional del 28 de abril de 2021.
CONSIDERACIONES FINALES
La estigmatización de quienes participan en las movilizaciones sociales no solo tiene un tinte discursivo, es un accionar sistemático que conlleva distintas formas de amenaza, señalamiento, intimidación, violencia y silenciamiento de las diversas exigencias de garantía plena de derechos.
Yo solo adentro escuché dos cosas que me llamaron poderosísimamente la atención: la primera es que había un lenguaje oficial, podríamos decirlo, consolidado por cada uno de ellos, y era el tema de llamarnos guerrilleros constantemente; es decir, para ellos éramos guerrilleros. Guerrilleros, guerrilleros, no se referían de otra forma a nosotros.
Los jóvenes eran más preocupantes, estábamos siendo estigmatizados por parte de ellos, el discurso era que, si matamos a cuatro, matamos a cinco, digamos que empezamos a ser desplazados de nuestros mismos territorios por la policía.
(Comisión Ciudadana Nacional e Internacional, 2022, pág. 26)
La criminalización, judicialización y represión de la protesta social ha sido un fenómeno persistente, el tratamiento de guerrilleros a los y las manifestantes es la estrategia del Estado para frenar la participación política ciudadana, acudiendo al uso de las herramientas dadas por el Derecho Internacional Humanitario, al afirmar que quienes se movilizan pertenecen a un grupo armado. Así mismo, es preocupante el abuso de la facultad de expedición de normas en materia punitiva, que consolida herramientas de control social desde el derecho penal, generando zozobra y miedo a alzar la voz para exigir la responsabilidad del Estado.
El derecho a la protesta es la semilla que permite el nacimiento de otros derechos y es esencial para el desarrollo de la democracia, y resulta vital para que aquellos grupos que han sufrido en su mayoría injusticias por razones ajenas a su responsabilidad, expresen su descontento y afectación. Sin tener un derecho robusto a la protesta, todos lo demás están en riesgo, haciendo imposible la existencia de un verdadero sistema democrático (Gargarella, 2014).
REFERENCIAS
- Comisión Ciudadana Nacional e Internacional (2022). En Colombia nos volvimos cifras. Bogotá, Colombia.
- Gargarella, Roberto (2014). El derecho a protestar. En elpais.com, 21 de mayo.
- Massal, Julie (2019). Emociones y movilización de alto riesgo en un contexto de posacuerdo de paz: una reflexión en torno al caso colombiano. Desafíos, 31(2), 133-167.
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.7306 - Rincón Oñate, Carlos Alberto (2019). La construcción del enemigo interno. Una política pública del odio. Desde el Jardín de Freud (19), 249-262.
- Uprimny, Rodrigo y Sánchez, Luz María (2010). “Derecho penal y protesta social”. En Bertoni,
- Eduardo (compilador). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Buenos Aires:
Universidad de Palermo, 47-74.
Foto portada: Ían Schnaida
Revista-Cien-Dias-105Abogada e investigadora del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP.
